Durante la última década, México ha experimentado una evolución significativa en su política de competencia económica. Este proceso ha estado marcado por el fortalecimiento institucional, la creación de nuevas herramientas de análisis de mercado y la imposición de sanciones a prácticas monopólicas en diversos sectores estratégicos. Sin embargo, la coyuntura actual presenta una combinación de avances, desafíos y tensiones políticas que determinarán el rumbo de la competencia económica en los próximos años.
a) Fortalecimiento institucional y reformas legales
Desde la promulgación de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) en 2014, México consolidó un marco jurídico que buscaba armonizar sus políticas con las mejores prácticas internacionales. Este marco fortaleció la autonomía de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), dotándola de facultades para investigar y sancionar tanto prácticas monopólicas absolutas (como la colusión entre competidores) como relativas (abuso de posición dominante).
En 2025, el país dio un paso más con la aprobación de una reforma estructural que transforma la COFECE en la Comisión Nacional de Competencia (CNA), con el objetivo de modernizar el marco regulatorio y adaptarlo a los nuevos retos de la economía digital y globalizada. Esta nueva institución busca integrar un enfoque más transversal, fortaleciendo la coordinación entre reguladores sectoriales y dotando a la autoridad de mayores herramientas tecnológicas para la detección temprana de prácticas anticompetitivas.
No obstante, algunos especialistas han expresado preocupación por la posible pérdida de independencia técnica y presupuestal que podría derivarse de la nueva estructura. Organismos empresariales y académicos, como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la American Chamber México, han subrayado la importancia de preservar la autonomía institucional para evitar interferencias políticas en la toma de decisiones.
b) Casos emblemáticos y sanciones recientes
Durante los años 2023 y 2024, la COFECE llevó a cabo diversas investigaciones y sanciones que reflejan su compromiso con la vigilancia de los mercados. Entre los casos más relevantes destacan:
El mercado de distribución de gas LP, donde se impusieron sanciones a varias empresas por colusión en la fijación de precios, práctica que afectó directamente a millones de hogares mexicanos.
El sector de transporte aéreo, en el cual se identificaron acuerdos indebidos de tarifas y rutas entre competidores.
El mercado de supermercados y distribución alimentaria, donde se investigó el abuso de poder de compra por parte de grandes cadenas minoristas hacia sus proveedores locales. Estas acciones no solo generaron beneficios directos para los consumidores, sino que también enviaron una señal importante sobre la relevancia de mantener una supervisión activa de los sectores estratégicos.
De acuerdo con datos oficiales, la COFECE reportó que entre 2013 y 2023 sus resoluciones generaron beneficios sociales estimados en más de 30 mil millones de pesos, principalmente a través de reducciones en precios y mejora de condiciones de mercado. Este impacto refuerza el argumento de que una política de competencia eficaz puede traducirse en crecimiento económico y bienestar social.
c) Promoción de la cultura de competencia
Más allá de la imposición de sanciones, uno de los logros más relevantes ha sido la difusión de una cultura de competencia. La COFECE implementó el Plan Estratégico 2022–2025, que identificó ocho sectores prioritarios —energía, transporte, financiero, salud, contrataciones públicas, mercados digitales, alimentos y construcción— con el fin de focalizar esfuerzos regulatorios.
En 2024, la Comisión fue reconocida internacionalmente por el Banco Mundial y la Red Internacional de Competencia por sus avances en la promoción de prácticas de mercado justas y la capacitación de funcionarios públicos en materia de competencia. Estas iniciativas han contribuido a una mayor conciencia social sobre los efectos negativos de los monopolios y la importancia de la transparencia económica.
d) Integración internacional y cooperación regional
En el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), México ha asumido compromisos para fortalecer su marco de competencia, garantizando que las políticas nacionales se alineen con los estándares de transparencia y libre mercado.
La cooperación con agencias como la Federal Trade Commission (FTC) de Estados Unidos y el Competition Bureau de Canadá ha permitido el intercambio de información y mejores prácticas, especialmente en temas emergentes como la regulación de plataformas digitales, fusiones internacionales y control de concentraciones.
Estos acuerdos no solo fortalecen la posición de México en el contexto norteamericano, sino que también contribuyen a que los inversionistas internacionales perciban un entorno regulatorio más predecible y justo, elemento clave para el aprovechamiento del fenómeno del nearshoring.
e) Retos en la aplicación y continuidad de las políticas
A pesar de los avances descritos, la continuidad de las políticas de competencia se encuentra en una etapa crítica. La transición hacia la CNA implica el riesgo de que los procesos en curso se retrasen o pierdan seguimiento, afectando la percepción de estabilidad institucional.
Asimismo, la aplicación de sanciones en México continúa siendo lenta en comparación con otros países de la OCDE. Las empresas con gran poder económico suelen interponer recursos judiciales prolongados, lo que dilata los efectos de las resoluciones y reduce su impacto disuasorio. Fortalecer los mecanismos de cumplimiento y reducir la duración de los procesos administrativos son tareas pendientes que deben ser atendidas por la nueva autoridad.
En suma, las políticas y acciones recientes en materia de competencia económica en México muestran un esfuerzo sostenido por consolidar mercados más abiertos, justos y eficientes. Sin embargo, la efectividad de estos avances dependerá de la capacidad del Estado para garantizar la autonomía, continuidad y transparencia de la nueva estructura institucional. Solo así podrá consolidarse un entorno económico que fomente la productividad, la innovación y la igualdad de oportunidades para todos los actores del mercado.
Autor: Staff AMCER.