La nueva ley antimonopolio pretende regular nuevas prácticas monopólicas de abuso de posición de dominio: en este caso la imposición de precios o condiciones ‘no equitativas’.
Por Carlos Mena1
05 de marzo de 2025
Hace unos días se publicó en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar de una nueva ley de competencia denominada Ley Federal Antimonopolio y de Competencia Económica. El promovente es un defensor histórico de las políticas de competencia como herramienta para mejorar las condiciones de los consumidores en México, y un crítico de la falta de profundidad que se ha logrado con estos esfuerzos en el pasado. Su rol ahora en el Legislativo es una oportunidad histórica que debería aprovecharse para avanzar en estos temas.
Entre otras cosas, la nueva ley de competencia aumentaría las sanciones, reduciría los plazos de los procedimientos, establecería nuevas prácticas monopólicas y la obligación de notificación previa de acuerdos de colaboración. Igualmente, crearía una nueva autoridad de competencia con un nuevo arreglo institucional, construyendo sobre la ley de competencia actual que data de 2014, y creando la Agencia Nacional para la Competencia y el Bienestar Económico como la autoridad en la materia (que sustituiría a la Comisión Federal de Competencia Económica, Cofece), cumpliendo con lo establecido en la reforma constitucional para la simplificación administrativa. Esta nueva agencia estaría conformada por un órgano de decisión integrado por cinco comisionados, y establecería una Fiscalía Antimonopolio que reemplazaría a la actual Autoridad Investigadora. Recordemos que esta autoridad es la encargada de todas las actividades de investigación dentro de la autoridad, y cuenta con autonomía para decidir qué y cuándo investigar. Esto es de lo poco que se aseguró en la reforma constitucional para mantener una estructura que afirme la separación de funciones para el debido proceso.
En cuanto a las disposiciones sustantivas, la iniciativa pretende regular nuevas prácticas monopólicas de abuso de posición de dominio: en este caso la imposición de precios o condiciones “no equitativas”. Este tema está muy en boga en otras jurisdicciones y en especial se ha aplicado a temas de mercados digitales y energía. También se “legisla” el concepto de grupo económico con el objetivo de sancionar a todo un grupo de empresas, cosa que se había aplicado en casos específicos, pero no estaba en la ley. Ambos conceptos podrían dar mucha pólvora al regulador para incidir en los mercados.
1 EL FINANCIERO: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/carlos-mena/2025/03/05/la-ley-antimonopolio-ramirez cuellar/
Otro tema que también ha causado cierta preocupación es la introducción de los conceptos de la legislación de telecomunicaciones que tienen que ver con temas de competencia, toda vez que, de acuerdo con la reforma constitucional, este nuevo órgano deberá tomar los temas de competencia que regulaba el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en especial, el tema de preponderancia que ha tenido sus problemas en la aplicación práctica. Incluso ahora algunos hablan de querer ampliar el concepto para que aplique a otro tipo de empresas más allá de telecomunicaciones y radiodifusión, lo que podría abrir la caja de Pandora. Los conceptos de telecomunicaciones son algunos de los aspectos que se pudieran mejorar para que no se caiga en los problemas que enfrentaron el IFT y la entonces Cofeco para su aplicación y que ahora los herede la nueva autoridad.
Por otro lado, la iniciativa trae conceptos novedosos, como por ejemplo el de neutralidad competitiva, lo que parecería seguir principios de nuestros tratados comerciales y tendencias internacionales de no beneficiar a empresas públicas distorsionando el mercado. Este tipo de conceptos, sin embargo, podría chocar con otro tipo de disposiciones en ordenamientos de energía o de telecomunicaciones, por ejemplo.
Esta iniciativa, aunque como todas es mejorable, mantiene adecuadamente los principios de regulación de la competencia, que son mejores prácticas internacionales y cumplen con lo establecido en nuestros tratados comerciales. Habrá que ver si vienen otras iniciativas que complementen el esfuerzo y permitan asegurar que contemos con leyes que defiendan el bienestar del consumidor. Urgen definiciones al respecto para dar seguridad a consumidores e inversionistas.