En su recta final, la Comisión tiene la oportunidad de dejar un precedente que fortalezca y no debilite a su sucesora.
Por Julio García. Socio de Datelys
La COFECE se encuentra en un momento decisivo. En el tramo final de su existencia como órgano constitucional autónomo, cada resolución que emita no sólo tendrá impacto en los mercados que analiza, sino que marcará el tono y los principios del nuevo organismo que tomará su lugar. Las decisiones que hoy se tomen influirán en el tipo de autoridad que se está construyendo: ¿una que mantenga el rigor técnico como base de su legitimidad, o una que ceda ante presiones políticas y tendencias regulatorias internacionales desvinculadas de la realidad nacional?
Durante más de una década, la COFECE ha demostrado ser una institución firme, guiada por principios sólidos y por un compromiso con el interés público, principalmente el de los consumidores. Ha intervenido en sectores estratégicos, como el energético, impugnando reformas que ponían en riesgo la competencia y el bienestar de los mexicanos. Esa trayectoria no puede ni debe concluir con decisiones improvisadas o técnicamente deficientes.
En este contexto, el caso sobre comercio electrónico minorista —centrado en Amazon y Mercado Libre— representa mucho más que un expediente: es una prueba de carácter institucional. El dictamen preliminar ha sido objeto de serios cuestionamientos. Define el mercado de forma excesivamente estrecha, omite el análisis de la competencia proveniente de tiendas físicas – donde ocurre el 85% de las transacciones del comercio minorista – y del entorno omnicanal (cuando consumidores utilizan tanto el canal físico como el digital durante su proceso de compra), y no presenta evidencia de daño competitivo al productor o al consumidor. Además, ignora los beneficios que las plataformas generan para las pequeñas y medianas empresas que usan canales digitales para competir y en términos de eficiencia, precios, acceso y cobertura geográfica, especialmente relevantes en un país con brechas estructurales como México (como las limitaciones en el acceso a internet y las desigualdades en infraestructura logística en regiones rurales o apartadas).
Esto no es un simple desacuerdo metodológico. Una decisión mal planteada puede reforzar la concentración en canales tradicionales, debilitar la innovación digital y
profundizar las desigualdades económicas y regionales. Importar argumentos o modelos regulatorios internacionales sin un análisis contextualizado no fortalece la competencia, la debilita.
México cuenta con una ley de competencia robusta, capaz de corregir conductas anticompetitivas, incluso en el espacio digital. La COFECE tiene la responsabilidad de avanzar con prudencia y rigor técnico, e imponer medidas correctivas de manera proporcional sólo cuando la evidencia sea contundente, lo cual es esencial para evitar efectos no deseados. La Comisión ha construido su legitimidad por sostener decisiones basadas en evidencia, a pesar de las presiones externas. Esa vocación por el análisis sólido y contextualizado es lo que está en juego.
El nuevo organismo heredará más que expedientes: recibirá una narrativa institucional y un estándar de exigencia. Lo que se decida ahora definirá si esa herencia es una base sólida o un obstáculo para la credibilidad futura.
La historia no juzgará a la Comisión solo por cuánto resistió, sino por las causas que defendió y cómo lo hizo. Si el análisis técnico presenta deficiencias, corresponde al Pleno de la COFECE corregirlas. No hacerlo —ya sea por el afán de mostrarse a la vanguardia en la regulación digital, por seguir tendencias internacionales desvinculadas de la realidad mexicana o para proteger la imagen de su Autoridad Investigadora— equivaldría a abandonar el principio que le dio origen: que la competencia no debe ser utilizada como un instrumento político, sino un valor técnico que impulsa un ciclo virtuoso de eficiencia, innovación y bienestar en beneficio de consumidores y productores.
Cerrar con honestidad y rigor técnico no es solo un acto de coherencia institucional, es un compromiso con el futuro institucional del país y el bienestar de los mexicanos.